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IMPUTADOS

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  • En paralelo con el Juicio de Núremberg, se constituyó un Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, con el fin de juzgar a los imputados de los crímenes recogidos en el Estatuto o Carta de Londres del 8 de agosto de 1945.
  • Dicha ley obliga a los municipios que contienen nombres de franquistas a la retirada de éstos, siendo el franquista Yagüe uno de los 35 altos cargos franquistas imputados por crímenes contra la humanidad.
  • Fueron imputados por los delitos de Terrorismo, Delincuencia organizada, posesión de cartuchos, acopio de armas, daño a propiedad ajena y modificación de artefactos, delitos que fueron posteriormente atribuidos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo.
  • El caso Torre-Pacheco, que se investigaba junto al del municipio de Fuente Álamo, un municipio bastante rico en jardines, comenzó a raíz de una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y las primeras declaraciones, de una quincena de imputados, entre técnicos y ediles de ambos ayuntamientos, ante la juez Moreno, titular del juzgado número 4 de San Javier.
  • Bravo de Laguna dimitió la misma noche de las elecciones municipales y autonómicas de ese mismo año, entre otros factores, por los ajustados resultados electorales habidos principalmente por las secuelas derivadas del denominado «caso Bango», iniciado a principios de 1999, en el que estaban imputados varios dirigentes del PP de Tenerife.
  • La Defensoría Penal Pública (DPP) es un servicio público chileno dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia, cuyo fin primordial es la defensa de los imputados y acusados en el sistema procesal penal chileno.
  • En 2008, fue uno de los treinta y cinco altos cargos del franquismo imputados por la Audiencia Nacional en el sumario instruido por Baltasar Garzón por los delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la Guerra civil española y los primeros años del régimen de Franco.
  • El 3 de diciembre de 2003, el juez tomó declaración a los imputados, acto que levantó amplia expectación en la opinión pública, produciendo que cientos de militantes y simpatizantes de las tres formaciones políticas implicadas (Partido Nacionalista Vasco, EA y Ezker Batua-Berdeak, formantes del gobierno tripartito vasco) se concentraran en las inmediaciones del Tribunal de Justicia en apoyo de los acusados.
  • Los seis docentes que estuvieron en la tragedia fueron imputados de homicidio culposo, y recibieron penas de entre 2 y 3 años de prisión condicional, y entre 8 y 10 años de inhabilitación para realizar actividades docentes extra áulicas.
  • Después de una investigación que incluyó un examen del movimiento de dinero de las cuentas de la Secretaría de Inteligencia que no encontró evidencia que respaldara la versión de Pontaquarto, todos los imputados fueron absueltos en diciembre de 2012 por los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez por considerarse que no era posible probar ningún delito.
  • Recibió 26 sentencias condenatorias con las que sumó casi 4800 años de prisión, siéndole imputados 82 asesinatos.
  • El final lo provocaron las numerosas críticas (incluido desde dentro de su partido por parte de Patxi López) por participar sin disponer de la licencia necesaria en una cacería en el coto de Cabeza Prieta en Torres (Jaén), organizada por Bartolomé Molina, secretario general del Partido Popular en dicho municipio junto a otras 50 personas, entre las que se encontraba el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que en ese momento instruía la causa del Caso Gürtel donde había imputados del Partido Popular y el comisario general de la Policía Judicial, responsable del servicio que está investigando la supuesta trama de espionaje en el seno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
  • Tanto José Francisco Reyes (PNL) como Gladys Acuña (PIL) han sido imputados de 2009 por un nuevo delito de cobro de comisiones ilegales, en el marco de la «Operación Unión», que investiga casos de corrupción urbanística.
  • La misión del organismo es que los adolescentes y jóvenes imputados e infractores, abandonen toda conducta delictiva por medio de intervenciones oportunas, pertinentes y de calidad en el marco del respeto a sus derechos fundamentales.
  • Desde finales de 2005 a mediados de 2006, ASdH fue demandada en dos ocasiones por el Club Atlético de Madrid y por sus dirigentes Enrique Cerezo Torres y Miguel Ángel Gil Marín en otra, en lo que los dirigentes de la Asociación Señales de Humo calificaron como acoso judicial a la asociación por su apoyo a la fiscalía anticorrupción que tenía imputados a los dirigentes del club por varios delitos.
  • En diciembre de 1969 se celebró el juicio contra los destacados políticos Enrique Gori, Norberto Balboa, Vicente Ntutumu, Luis Angue Bacale, Santiago Osa y otros, por el supuesto intento de golpe de Estado del mes de marzo, resultando por defecto en la desaparición y asesinato de los imputados, produciéndose un segundo juicio contra opositores en diciembre de 1970 por un tribunal militar, en una política autoritaria y represiva que no cesaría y que se vería consolidada a través de la prohibición de todos los partidos (con la creación a principios de año del PUN, convertido en julio de 1970 en el Partido Único Nacional de los Trabajadores).
  • Un informe del mayor de Carabineros, Andrés Ovalle, entregado a la jueza Sepúlveda el 23 de enero de 2002, liberó de responsabilidad a los siete jóvenes imputados por obstrucción a la justicia, y estableció que los hechos apuntaban a que el dueño y los dependientes de la discoteca tenían implicancia en la desaparición de Jorge Matute.
  • Distintas organizaciones de derechos humanos iraníes e internacionales pusieron en entredicho la veracidad de los cargos imputados, el cumplimiento de las garantías procesales y la ejecución de personas que, aun de haber cometido un crimen, habrían sido en el momento de los hechos menores de edad, vinculando además la protesta por la pena capital a la situación de represión de la homosexualidad en Irán.
  • También ha escrito artículos en distintas publicaciones como «Notas sobre la declaración de imputados y víctimas en el nuevo proceso penal», «Reflexiones sobre la Prueba Pericial en el Nuevo Proceso Penal», «Comentario a sentencia Corte Suprema: Apelación de Acuerdo Reparatorio en Abreviado (Fallo Recurso de Queja)», «Breve Comentario a Sentencia de la Corte Suprema», entre otros.
  • Así, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona mantuvo imputados a Serra y Todó, junto a una cuarentena de miembros del consejo de administración que aprobaron las remuneraciones extras, por un delito de administración desleal.


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